La dictadura de Francisco Franco duró desde 1939 hasta 1975. El régimen dictatorial se caracterizó por el totalitarismo, era un dictadura legitimada por la victoria en la Guerra Civil. Estaba basada en los modelos italiano y alemán. Se suprimió la Constitución de 1931, se clausuró el Parlamento y sólo se permitió la existencia de un partido político único, Falange de las JONS, y un sindicato oficial del régimen. Otra característica del régimen fue el caudillismo, la consolidación de los poderes absolutos de Franco, que pasó a llamarse Caudillo de España y era jefe del Estado, presidente del gobierno, Generalísimo de los ejércitos y jefe nacional del partido. Se constituyó un estado centralista y unitario, cuyo lema era “España, Una, Grande y Libre”, mediante la abolición de los estatutos de autonomía y la fomentación de la “españolización” de los territorios nacionalistas. Se produjo una represión de la oposición mediante la persecución sistemática de los simpatizantes a la causa republicana y se ejerció un control de los medios de comunicación que estaban fuertementes censurados y eran aparatos de propaganda franquista con los que se pretendía adoctrinar a la población.
Los pilares institucionales de la dictadura de Franco eran el ejército, el partido único y la Iglesia Católica.
El ejército participó activamente en el poder mediante los gobernadores civiles y los ministros militares.
El partido único, FET de las JONS (Falange Española Tradicionalista y de las JONS) aportaba la base ideológica al régimen. Existían una serie de organizaciones dentro de la FET. Eran el Frente de Juventudes, dedicado al adoctrinamiento de la juventud; la Sección Femenina, formaba mujeres cristianas y nacionalsindicalistas: el Sindicato Español Universitario, un instrumento para controlar políticamente a los universitarios: y el Central Nacional Sindicalista, el único sindicato permitido que estaba integrado por patrones y trabajadores.
La Iglesia apoyó la legitimación del régimen franquista. A cambio obtuvo financiación económica, en 1939 se restableció el presupuesto de culto y clero; control sobre el sistema educativo e imposición de la moral católica en la sociedad española.
El régimen recibió el apoyo de las élites económicas y sociales cómo terratenientes, empresarios y financieros, que recuperarían el poder perdido durante la II República. Por el contrario, las clases medias y los sectores populares se convirtieron en una masa pasiva y apolítica debido a la represión, al miedo y a la miseria.
Las llamadas “familias” del régimen eran grupos de influencia que apoyaban incondicionalmente al Caudillo y al llamado Movimiento Nacional, que perseguía la creación de un estado totalitario. Coexistieron diferentes “familias”, los sectores que apoyaron el alzamiento de julio de 1936, falangistas, ultracatólicos, monárquicos, alfonsinos, carlistas y la CEDA; y las asociaciones creadas por la Iglesia, la “Asociación Católica Nacional de Propagandistas”, creada en la década de los 50, y el “Opus Dei”, creado en la década de los 70.
El nuevo Estado se estructuró como una democracia orgánica, se aprobaron una serie de Leyes Fundamentales que sustituian a la Constitución y se crearon unas Cortes que daban falsa apariencia de un sistema parlamentario.
Estas Leyes Fundamentales eran leyes políticas básicas para organizar el Estado franquista, llevar a cabo la institucionalización del Estado, concentrando los poderes en la figura de Franco.
En 1938 se estableció el Fuero del Trabajo, basado en la Carta del Lavoro italiana, que regulaba las relaciones laborales y establecía los principios del nacionalsindicalismo.
En 1940 se aprobó la Ley de Unidad Sindical, inspirada en el modelo corporativo italiano en el que obreros y empresarios se agrupaban en el mismo sindicato según las ramas de producción.
En 1942 se publicó la Ley Constitutiva de Cortes por las cuales eran definidas como el órgano de participación del pueblo español en las tareas del Estado dentro del concepto de democracia orgánica.
En 1945 se instauró el Fuero de los Españoles, una declaración de derechos y deberes que no ofrecía ninguna garantía para poder ejercerlos. Con esto daba una falsa apariencia de libertades políticas. Este fuero se aprobó debido al contexto internacional, la II Guerra Mundial finalizó con la derrota de las potencias fascistas.
En 1945 también se aprobó la Ley del Referéndum Nacional por la cual el jefe del Estado podía someter a consulta popular cuestiones que considerase oportunas.
En 1947 se aprobó la Ley de Sucesión que establecía España como reino y preveía la monarquía como sucesora del franquismo. Esto supuso la creación de un Consejo de Regencia y un Consejo del Reino.
En 1958, se estableció que todos los cargos públicos tenían que jurar la la Ley de Principios del Movimiento Nacional pasando a ser considerados miembros del Movimiento Nacional.
La Ley Orgánica del Estado, promulgada en 1966, separaba los cargos de Jefe del Estado y Presidente del Gobierno, aumentaba el número de procuradores a Cortes, afianzaba la institución monárquica y permitía la creación de asociaciones con fines pacíficos.
La democracia orgánica es el entramado político usado para dar la falsa apariencia de una democracia parlamentaria. Supuso la creación de un Estado corporativista que organizaba la participación ciudadana a través de tres unidades básicas, la familia, el municipio y el sindicato.
La Ley Constitutiva de las Cortes, aprobada en 1942, regulaba la representación popular en las Cortes del Estado.
Los representantes de las Cortes, llamados procuradores, eran designados por el poder. Estas Cortes franquistas no eran elegidas democráticamente y carecían de un auténtico poder legislativo ya que Franco tenía derecho de veto. En el ámbito provincial el poder lo ejercían los gobernadores civiles, que eran los jefes provinciales del Movimiento, y los gobernadores militares. En el ámbito local, los alcaldes eran elegidos directamente por el gobernador civil.
La Ley de Unidad Sindical de 1940 establecía la creación de los Sindicatos Verticales, que agrupaban a obreros y patrones dependiendo de las ramas de producción. El Estado era el encargado de establecer las condiciones laborales, anuló la negociación colectiva e ilegalizó las huelgas.
El franquismo nunca mostró el menor interés por buscar una reconciliación con los vencidos. Su objetivo siempre fue someter a quienes se mostraran contrarios al régimen, los enemigos de la Patria.
Al finalizar la Guerra Civil se produjo una institucionalización de la represión. Con esta finalidad se elaboraron una serie de leyes como la Ley de Responsabilidades políticas, aprobada en 1939, con la que se pretendía la depuración de las personas que habían colaborado con la II República; y la Ley de Represión del Comunismo y la Masonería, aprobada en 1940 por la que se incoaba expediente a las personas contrarias a la Patria y la religión.
El ejército fue el principal brazo ejecutor de la política represiva hasta 1963 cuando se creó el Tribunal de Orden Público (OTP), una jurisdicción civil especial para los delitos políticos. Así pues, en los primeros años de posguerra, la mayoría de las causas fueron juzgadas por tribunales militares en Consejos de guerra, ante los cuales la indefensión de los procesados era casi total.
En cuanto a las cifras de la represión franquista, se estima que unas 150.000 personas fueron ejecutadas por razones políticas. En cuanto a la población reclusa se ha calculado que en 1940 había en España 280.000 presos. El elevado número de reclusos saturó la capacidad de las prisiones y se habilitaron campos de concentración. Una parte considerable de los condenados fueron enviado a los Batallones de Trabajadores y a los Batallones Disciplinarios de Soldados trabajadores donde se dedicaban a la construcción de carreteras, puentes y edificios públicos.
Estas medidas represivas fueron acompañadas por la confiscación de bienes y el expolio del patrimonio. Se requisaron las propiedades de la mayoría de los exiliados y los bienes de todos los partidos y sindicatos. También se llevó a cabo un depuración generalizada de los funcionarios y trabajadores de las administraciones públicas.
La victoria de Franco tuvo unas características muy particulares en País Vasco, Cataluña y Galicia, cuyos nacionalismos atentaban con el principio de la inquebrantable unidad de España. En consecuencia se prohibieron y persiguieron todas las manifestaciones lingüísticas y culturales no castellanas. La represión obligó a buscar refugio en el exilio a buena parte de los intelectuales.
